Plasmaciones histórica y literaria del Gobierno de Virgilio Barco (1986-1990)
en Noticia de un secuestro.

Historical and literary representations of the Government of Virgilio Barco (1986–1990)
in Noticia de un secuestro.

Jesús Miguel Delgado Del Águila
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(PERÚ)
CE: tarmangani2088@outlook.com
https://orcid.org/0000-0002-2633-8101

Resumen.
En este trabajo, se busca analizar la reconstrucción histórica sobre el periodo de Gobierno de Virgilio Barco, a partir de la configuración realizada por Gabriel García Márquez en su reportaje literario Noticia de un secuestro (1996). Para ello, se tomará en cuenta la concepción teórica de Mieke Bal, que consiste en aplicar la noción de retrospecciones interna y externa. Este recurso hace posible que se diferencie qué ideas son propias del material ficcional que se encuentran en la misma historia, así como cuáles son aquellas que son ajenas a este, pero que permite una comprensión global de ese contexto aludido.

Palabras clave: Virgilio Barco. Historia de Colombia. Análisis textual. Noticia de un secuestro.

Abstract.
In this work, we seek to analyze the historical reconstruction of the period of Virgilio Barco’s Government, based on the configuration made by Gabriel Garcia Marquez in his literary report News of a Kidnapping (1996). To do this, the theoretical conception of Mieke Bal will be taken into account, which consists of applying the notion of internal and external retrospections. This resource makes it possible to differentiate which ideas are typical of the fictional material found in the same story, as well as which are those that are foreign to it, but that allow a global understanding of the aforementioned context.

Keywords: Virgil Barco. Colombian history. Text analysis. News of a Kidnapping.

Cómo citar este artículo (APA):

En párrafo (Parentética):
(Delgado, 2025, p. __)

En lista de referencias:
Delgado, J.M. (2025). Plasmaciones histórica y literaria del Gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) en Noticia de un secuestro. Revista Sincronía. XXIX(88). 00-00 DOI: 10.32870/sincronia.axxix.n88.10.25b

Introducción
En este artículo, se precisarán algunas teorías históricas que permitirán analizar con pertinencia el periodo de Gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), que se muestra en Noticia de un secuestro (1996), obra literaria de Gabriel García Márquez. Para ello, se están considerando los aportes de Erich Auerbach (1996), Paul Ricoeur (1995), Gérard Genette (1998), Alain Badiou (2003), entre otros. En especial, se ha tomado en cuenta la concepción de retrospecciones interna y externa que trabaja Mieke Bal (1990) para poder diferenciar qué elementos son identificables en el texto y cuáles sirven para complementar la idea que se labora en este.

Desarrollo
Para empezar, es menester explicar cuál es la volición de este apartado. Esta consistirá en tomar en cuenta la configuración histórica que comprende el periodo del mandato presidencial de Virgilio Barco entre 1986 y 1990. El procedimiento para lograr recabar esa información se basará en la organización hechos plurales que se caracterizan por la veracidad de su discurso (Badiou, 2003). Por otro lado, es necesario aclarar que la orientación que se le brinda a ese rescate histórico es la de buscar la permanencia de la cultura en la sociedad (Jameson, 2007). Una vez obtenida la documentación requerida bajo esos patrones, será posible reconocer que hubo algunas circunstancias que obstaculizaron el desarrollo normal y progresivo de Colombia.

Esos inconvenientes impedirían la construcción del Estado nación en el país. Y eso se podrá cerciorar en los ámbitos en los que se han fluctuado las interrelaciones y las prácticas sociales, en las que muchos de los armisticios que se establecieron entre narcoterroristas y autoridades gubernamentales resultaron fallidos. Todo ese recuento histórico será demostrado por medio de la articulación de las teorías de Mieke Bal (1990), las cuales se denominan retrospecciones internas. Estas categorías serán necesarias para referirse a los datos históricos que figuran en la obra. En este caso, he visto conveniente recurrir únicamente a los acontecimientos que comprenden el periodo de Gobierno de Virgilio Barco y que se confrontan en Noticia de un secuestro.

Estos se conformarían por los sucesos que registran los asesinatos de Alberto Villamizar y Guillermo Cano, la deportación de Carlos Lehder, el atentado contra Luis Carlos Galán, el respaldo del presidente para el cumplimiento de la ley de extradición, la detonación del Recinto Histórico de Cartagena de Indias, el intento de matar a César Gaviria, la explosión generada en el edificio del DAS, la constitución de los Notables y la creación del Cuerpo Élite para la erradicación de los ataques de Pablo Escobar.

Como se corrobora, estos hechos son muy limitados en cuanto al periodo que figura entre 1986 y 1990, por lo que será adecuado introducir otros datos para profundizar en la contextualización que se está abordando. Por esa razón, recurriré a otras categorías de Mieke Bal (1990), que son denominadas como retrospecciones externas. Estos paradigmas consistirán en la incorporación de eventos que no subyacen a la novela que está siendo estudiada. Pero su inserción en la investigación servirá para complementar el contexto histórico que se está forjando en esta oportunidad.

Antes de empezar con el desarrollo de las retrospecciones internas y externas del libro de García Márquez, realizaré un panorama breve y explicativo que concierne al periodo de 1986 a 1990.

A inicios de 1986, el candidato liberal Virgilio Barco obtiene el cargo de presidente del país con 4 214 510 votos (Sixirei, 2011). Durante su Gobierno, se propagó la modernización de la economía colombiana. Esta se logró por medio de una política liberalizadora y globalizadora, que conllevaba el contacto con el exterior a través de la privatización de la actividad productiva y la inversión extranjera (Maya, 2002). Sin embargo, ese desarrollo recabado no se mantuvo con el tiempo. Dos años después, la inflación ascendería al 30 % (La Rosa y Mejía, 2013). A la par, la criminalidad seguía adoptando nuevos rumbos. Esta se apreció por medio de la guerra entre los narcotraficantes y los paramilitares de extrema derecha.

Asimismo, los funcionarios del Estado eran afectados de diversas formas. Los jueces, magistrados, reporteros y policías serán asesinados sin cesar (Atehortúa y Rojas, 2008). Todos estos atentados terroristas contra el Gobierno se originarán por la exigencia a la no extradición. Quienes harían esa solicitud serían los miembros del Cartel de Medellín, que el 15 de noviembre de 1986 se autodenominaron los Extraditables (Sixirei, 2011).

Esta información es lisonjera porque permitirá entender la permeabilidad de las retrospecciones internas. Previamente, debe tomarse en cuenta que este concepto busca hallar el vínculo inmediato que tiene el texto principal con la historia (Bal, 1990); es decir, se preocupa por detectar la existencia de una correspondencia de la realidad con la documentación que se plasma.

Para esta oportunidad, he reanudado como referente los acontecimientos históricos que ocurrieron durante el mandato del presidente Virgilio Barco que comprende los años de 1986 a 1990 y que se pueden constatar en Noticia de un secuestro. Para ello, he realizado un esquema en el que se incorporan todas las retrospecciones internas que se derivan de la información que ha utilizado Gabriel García Márquez (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Hechos históricos registrados durante el Gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) en Noticia de un secuestro

Fuente: Elaboración propia

El primer caso de retrospección interna que se aprecia en el recuadro está registrado con la fecha del 22 de octubre de 1986. En ese día, dos sicarios intentan asesinar a Alberto Villamizar (García, 1996). Esa realidad criminal no era ajena a ese contexto. Se conocía muy bien ese actuar delictivo. Los homicidios siguen ocurriendo. Se calcula que acontecen diez de ellos cada veinticuatro horas (Wetzel, 2001). En conjunto, permanece el tráfico de la cocaína, y con proporciones exponenciales; sobre todo, en Medellín.

El segundo caso alude al 17 de diciembre del mismo año. En esa fecha, matan al Dotterweich, 2016). Este ciudadano se caracterizó por ser independiente y liberal director del diario El Espectador, Guillermo Cano (García, 1996), en su manera de pensar. Adoptó una postura opuesta a la de los mafiosos (Morris, 2012f). En ese lapso, él fue el responsable de que se publicaran fotos de Pablo Escobarcuando estuvo en prisión, así como fue develado su historial criminal. Esta labor editorial la hizo por una etapa de cinco años. Obviamente, ese proceder no fue de la aprobación del jefe del Cartel de Medellín, quien declaró lo siguiente:

No tomar esas banderas, no esos medios de comunicación como el periódico El Espectador, que representa la vocería de la oligarquía colombiana, que toma como bandera y como filosofía el ataque deshonesto y cínico contra las personas; y lo más lamentable: esa empresa periodística que distorsiona la noticia que le inyecta ese veneno morboso y dañino, y que ataca a las personas (Granier y Sierralta, 2007).

Con esa proclamación, no quedaba duda de que Pablo Escobar sabía de dónde provenían esos embates que realizaban contra su persona. Es más, intenta reivindicar su imagen a través de un discurso para el pueblo, en el que niega las acusaciones. Aprovechará para calificar a la prensa como si se tratase de un ente desestimado. No obstante, las autoridades inculparán al líder narcoterrorista de todas maneras por la liquidación de Guillermo Cano, así como de haber sido responsable de dinamitar su sede de trabajo (De Beaufort, 2004). Estos solo fueron algunos atentados dirigidos hacia personas concretas. La mayoría de estos ataques que se ejecutaron no consideraba si los afectados resultaban siendo víctimas inocentes. A pesar de ello, las manifestaciones subversivas prosiguieron. En torno a ello, el exalcalde de Bogotá, Jaime Castro afirma que para Escobar y sus aliados hacer terrorismo en Medellín no tenía un impacto nacional.

Es decir, lo que efectuaban era algo tan sencillo y que no contaba con ninguna limitación para que erradicara. Además, valerse de la capital de Colombia no implicaba para ellos que no se desempeñaran con el conocimiento criminal que los caracterizaba. Por ese motivo, era infalible que colocaran sus bombas en ese territorio (Morris, 2012a). Los habitantes de Bogotá[1] y Medellín terminaron viviendo una conmensurable conmoción y una aguda desconfianza por estos hechos, que fueron bastos y continuos. Los Extraditables explotaron 250 bombas en total.[2] Algunos lugares damnificados no solo fueron los antes mencionados, sino que involucraban otros espacios importantes, como aquellos donde estaban los ciudadanos que residían en el Hotel Hilton, el diario Vanguardia Liberal y la sede del DAS (Sixirei, 2011). Esa forma subversiva de arremeter contra el país tenía una explicación más allá de las muertes que originaban. El sustento y el aliciente se condicionaban al trasfondo económico; en otras palabras, el dinero que conservaban de sus sueldos los implicados. Además, ese capital que iban obteniendo los criminales fue de utilidad para que ellos realizaran otros atentados, como el ataque al avión de Avianca, el homicidio del ministro Rodrigo Lara Bonilla y la masacre en las estaciones de Policía (Velásquez y Valentín, 2015).

El tercer caso de retrospección interna que desarrolla el autor es tomado del 4 de febrero de 1987. En esa fecha, se captura al narcotraficante colombiano Carlos Lehder por comercio ilícito de marihuana y se le aplica la deportación a Estados Unidos dos años después (García Márquez, 1996; Atehortúa y Rojas, 2008). Este contrabandista fue el fundador del partido político Movimiento Latino, cuyo objetivo consistió en escatimar la extradición. Se desempeñó como intermediario financiero para el tráfico de sustancias con los norteamericanos. Incluso, administró una red de transporte para la cocaína: construyó pistas de aterrizaje (una base en las Islas Bahamas que servía para enviar droga a los EE. UU.), un hotel y otras comodidades (Mabile, 2008). Su detención y su proscripción fueron acreditadas por Virgilio Barco, puesto que en el Gobierno de Betancur resultó dificultoso ejecutar esos consensos.

Para su extrapolación eficiente, el expresidente Ronald Reagan ya les había brindado su respaldo desde un año anterior, merced a que declaró que esa modalidad mercantil era una amenaza para su país (Benítez, 2009). Por lo tanto, se intensificó la seguridad nacional (la securitización). Se pretendía usar una estrategia idéntica para los demás narcoterroristas; sin embargo, los Extraditables anunciaron su resistencia con intimidaciones desde el diario El Colombiano el 22 de noviembre de 1987. Encima, pusieron la condición de que, si Jorge Luis Ochoa era sometido a la misma disposición judicial, consumarían una guerra cabal en el país (Sixirei, 2011). Para erradicar esa conminación, el Estado hizo todo lo posible para combatir a los narcoterroristas; por el contrario, las fuerzas policiales no terminaron siendo suficientes. Otras entidades de la misma calaña de los subversivos debían apoyarlos: sus contrincantes en el ámbito de la clandestinidad. Al respecto, Popeye recaba la idea de que mientras que uno mata a más enemigos, más adversarios va obteniendo (Morris, 2012a); es decir, la guerra acarreará que uno adquiera más contendientes. Eso es lo que sucede en ese contexto de luchas armadas. Por esa razón, Pablo Escobar y su organización deberán enfrentarse a su opositor del tráfico de cocaína, el Cartel de Cali (Entel, 2009). Esta agrupación era patrocinada por mercenarios británicos. Su propósito era exterminar al líder del Cartel de Medellín (Velásquez y Valentín, 2018). En una ocasión, arremetieron contra él y Gonzalo Rodríguez Gacha en la Hacienda Nápoles (Atehortúa y Rojas, 2008). Es más, el 13 de enero de 1988 hicieron detonar un coche bomba en el edificio Mónaco, donde residía Pablo Escobar (Sixirei, 2011). Ese atentado significó una advertencia para desafiar su hegemonía militar. A partir de allí, él justifica su accionar contra el Gobierno (De Beaufort, 2004). Huirá a Ecuador, donde será detenido y encarcelado. Estará en la prisión de Tena en 1988, junto al Mexicano. Lo curioso de este suceso es que a los tres días el narcoterrorista saldrá libre. Eso fue debido a que las FARC lo ayudaron a escaparse con un financiamiento que pagaron de USD 500 000 (Sixirei, 2011).

El cuarto caso de retrospección interna que desarrolla el escritor colombiano coincide con el 18 de agosto de 1989. Esa fecha es memorable ya que liquidan al candidato Luis Carlos Galán Sarmiento del partido Nuevo Liberalismo. Esa atrocidad justo acaeció cuando este político se encontraba en plena deliberación de su mitin en Soacha (Bogotá), una zona que frecuentaba Rodríguez Gacha, un narcoterrorista afiliado a Pablo Escobar (García Márquez, 1996; Rousso, et.al., 2014). Es más, es necesario recordar que unos días previos a este atentado Luis Carlos Galán ya había padecido algo similar por la Universidad de Medellín. Todas estas acciones venían ocurriendo por un motivo en especial. La volición de estos criminales era exterminar a este político porque su existencia suponía un peligro para la permanencia de los contrabandistas en ese territorio.

Este personaje deseaba alcanzar la Presidencia para el periodo de 1990 a 1994[3]. Su candidatura fue la más polémica y, a la vez, la más acogida por la sociedad colombiana, puesto que la mayoría de ciudadanos quería que se cumpliera aquello que él estaba ofreciendo al país. Luis Carlos Galán se comprometió con erradicar totalmente cualquier tipo de organización criminal que proviniera del comercio ilícito de drogas. Cabe destacar que el tema de la extradición de estos criminales a Estados Unidos estaba perenne en esas elecciones (Wye, 2002). Se anhelaba que estos facinerosos fueran juzgados en el exterior y que no volvieran a tener ningún modo de participación en los ámbitos políticos (Wetzel, 2001). Obviamente, esa pretensión no era de agrado para los criminales. Mientras se mantuviera el propósito del candidato, no dejaba que este fuera una justificación para que los negocios y las ansias de poder del líder del Cartel de Medellín terminaran entorpecidos. Sin embargo, la postura de Luis Carlos Galán fue bien rotunda. Él apoyaría la necesidad del pueblo nacional. Por esa razón, es cierto aquello que confirmó Gonzalo Guillén (Polletta, 2007), quien sostuvo que esa volición política de querer expulsar a los narcoterroristas fue la causa por la que mataron a este candidato presidencial.

La siguiente retrospección interna que parte del esquema que comprende los hechos ocurridos durante 1986 a 1990 se relaciona con la acción que emprendió Virgilio Barco. Él optó por reconsiderar y afianzar la ley de extradición por el motivo del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984 (García, 1996). Esta elección se originó porque anteriormente esa norma no había sido extrapolada con rigurosidad. Desde que Belisario Betancur la aprobó durante su mandato, no se había apreciado una intervención rotunda y permanente. Al retomarla, se buscó que la participación de los narcoterroristas erradique exponencialmente.

Se deseaba ese propósito, ya que estos criminales aún seguían atacando con detonaciones, homicidios y amenazas públicas (Benítez, 2009). A la vez, esa situación generaba una inseguridad ciudadana prominente. Toda esta preocupación fue expuesta con mucho temor por el exministro de Justicia, Enrique Parejo González (Wetzel, 2001). Esa tarea no fue tan sencilla para él, debido a que al manifestar esa noticia se arriesgaba a que los narcoterroristas tomen represalias. Así que él prefirió huir del país para evitar cualquier desgracia. Eso fue lo más conveniente, considerando que tampoco se conocía con certeza cómo iba a ser la reacción de estos contrabandistas. Con el homicidio de Rodrigo Lara Bonilla, se corroboró aquello de lo que era capaz Pablo Escobar, a quien se le culpabilizaba de haber preparado ese ataque sedicioso. Es más, se le responsabilizará de las muertes de tres de los cinco candidatos presidenciales (Wye, 2002).

Es necesario recordar que hasta ese momento el líder del Cartel de Medellín ya había sido acusado de 4000 crímenes contra jueces, gendarmes, reporteros y dirigentes opositores (De Beaufort, 2004). No obstante, ese asesinato en específico significó su revalorización como enemigo invencible (Benítez, 2009). Posteriormente, se comenzaría a involucrar a más personas que habrían sido los responsables o los organizadores de ese atentado. Verbigracia, este magnicidio también se le atribuyó a la agrupación política Frente Nacional, así como a quienes ejercían violencia paramilitar durante los últimos dos decenios del siglo XX (Koessl, 2015).

Además, el exministro de Justicia, Enrique Parejo, intentó justificar un vínculo criminal con el político liberal Alberto Santofimio (Granier y Sierralta, 2007), a quien se le sentenciaría a 24 años de prisión el 11 de octubre de 2007. Todo ese panorama incierto produjo terror a la ciudadanía; incluso, se tendería a dudar más de las promesas de los políticos. Sin embargo, empezará a ser notoria la participación de César Gaviria, quien será un sucesor de las propuestas de Rodrigo Lara Bonilla. Este candidato conservó la decisión de combatir el comercio de las drogas y mantuvo una posición firme para que se aplicara la ley de extradición (Polletta, 2007). Por el contrario, mientras se luchaba por esa causa que iba a resguardar los derechos de los colombianos, imperaban organizaciones criminales que se dedicaban a la corrupción dentro del mismo ámbito político.

Eso generaba que se cuestionara la reputación de los integrantes de los partidos políticos. Es decir, todo ese contexto resultaba muy controversial todavía. Las afrentas eran múltiples y de diferentes vertientes. Eso hacía que los atentados provocados por el narcoterrorismo no tuvieran un fin inmediato. Estos prosiguieron. Por ejemplo, el 18 de agosto mataron al comandante Valdemar Franklin Quintero, un opositor esencial contra el narcotráfico desde los ochenta. De igual modo, se estalló con bomba la sede del periódico El Colombiano, el Hotel Intercontinental y la estación de Policía de El Poblado (Morris, 2012g). Estos incidentes dejaron 4 muertos y 97 heridos, sin que existiera un reparo por erradicar o evitar que este tipo de sucesos continuara. Ese fue el panorama que se siguió apreciando, pese a que Virgilio Barco insistió en que se cumpliera el tratado de extradición a los narcoterroristas.

Dos referentes adicionales de retrospección interna que desarrolla el escritor colombiano están registrados con las fechas del 28 de septiembre de 1989 y el 27 de noviembre del mismo año. La primera relata la explosión que acarrearon los Extraditables en el Recinto Histórico de Cartagena de Indias (García, 1996), mientras que la segunda narra cuando Pablo Escobar mandó a asesinar al candidato a la Presidencia de la República, César Gaviria Trujillo (García, 1996; Granier y Sierralta, 2007). Este último acontecimiento fue una advertencia predominante, ya que se constató un estudio muy dedicado para que se concretara ese criminen. Para ello, se recurrió a la detonación instantánea de un avión HK 1803 de la aerolínea Avianca con rumbo de Bogotá a Cali[4]. Ese altercado se produjo en pleno vuelo y resultó memorable porque no dejó a ni un solo sobreviviente (Morris, 2012e).[5] Las 107 personas que estaban a bordo fallecieron; entre ellos, dos norteamericanos. La noticia de este suceso fue transmitida por radio Caracol y salió publicada en el diario El Tiempo.

Sin embargo, pese a la magnitud del evento criminal, esa operación no consiguió su objetivo principal, que era acabar con la vida de César Gaviria. Los perpetradores creían que este funcionario se iba a trasladar en ese momento por avión, pero no ocurrió así. Él no estaba como tripulante en esa oportunidad. De asesinarlo, habrían exterminado a un político predilecto que estaba en contra de la pervivencia de todo actuar que proviniera del narcotráfico. Además, su muerte habría significado una forma de coaccionar al Gobierno para que retirasen la proscripción a Estados Unidos del artículo 35 de la Constitución del país. Ese requerimiento sería confesado más adelante por Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye (Morris, 2012e).

Otro caso de retrospección interna se halla el 6 de diciembre de 1989. En esa fecha, se relata que el Cartel de Medellín puso un bus bomba con 700 kilos de dinamita frente a un edificio que era sede de la Policía Secreta (DAS) en Bogotá (García, 1996; Morris, 2012c)[6]. Muchos agentes de esa institución terminaron asesinados. Asimismo, esa detonación produciría 70 homicidios, en los que la mayoría de los damnificados fueron vendedores ambulantes, civiles y gente inocente (Morris, 2012h). Ante estos hechos, es necesario evocar que para que este atentado se concretara Pablo Escobar había tomado la decisión de proceder de esa manera como un modo de vengarse del juez Gustavo Zuluaga Serna en Medellín (Morris, 2012d). El asesinato de este magistrado se habría provocado porque él fue quien dictó el auto de detención contra el líder narcoterrorista.

Ese mes de diciembre de 1989 es neurálgico, ya que se constituyen los Notables. Ese es otro suceso que se registra en Noticia de un secuestro como retrospección interna (García, 1996). De igual modo, se aprecia la fundación del Cuerpo Élite ese mismo año (García, 1996). Este sería un organismo que tendría la pretensión de contrarrestar los ataques de Escobar. Estos dos hechos aludidos serían las últimas retrospecciones internas que se han precisado en el esquema que hace referencia a los acontecimientos más importantes y documentados en la novela del escritor colombiano en torno al Gobierno de Virgilio Barco (1986-1990).

Para complementar la información con respecto al mandato de Virgilio Barco, explicaré el desarrollo de algunas retrospecciones externas que no son identificables en Noticia de un secuestro, pero que cumplen la función de brindar un panorama más específico para que se entienda ese periodo macrocriminal.

Verbigracia, en ese contexto, se efectúan convenios del M-19[7] con los dos Gobiernos colombianos comprendidos entre 1986 y 1994 para conseguir la pacificación del país (Acevedo, 1995), así como se recurrirá al secretario Germán Montoya como mediador entre los narcotraficantes y las autoridades gubernamentales. Ese intento se originará a fines de ese régimen presidencial, y terminará siendo frustrado. La guerra entre el Estado y el Cartel de Medellín se intensificará más durante esos años (La Rosa y Mejía, 2013). Por ejemplo, se dinamitó la sede del diario El Espectador, al igual que como se mató al reportero Jorge Enrique Pulidoel 8 de noviembre de 1989 (Morris, 2012c).

A la vez, es infalible recordar que durante todo el año de 1989 Virgilio Barco estuvo apoyando la extradición para fortalecer la justicia y declarar la ilegalidad a los grupos paramilitares. Esa convención será tomada como una política gubernamental (García, 1996; La Rosa y Mejía, 2013), puesto que eran muchas las víctimas que estaban implicándose en la lucha armada de Escobar. A ello, se le añadía todo el terror que estas personas estaban atravesando por esas causas. Es más, es necesario acotar que estos sucesos venían desarrollándose desde los ochenta y se seguían prolongando hasta inicios de los noventa. En todo ese periodo, se ha registrado un número de casi 10 000 afectados (Morris, 2012i).
Frente a esa situación, resulta imposible corroborar que se instaure un Estado nación. Las condiciones por las que pasa esa gente no son las idóneas. Si se pensara en consolidar un proyecto beneficioso para los ciudadanos, se requeriría que al menos sus gobernantes sean quienes respalden y organicen cualquier intento de reparar los males de la sociedad. Caso contrario, no existirá una forma de erradicar los distintos atentados ni tampoco podrá apreciarse un interés de los ciudadanos por querer reconocer su identidad propia de su país (Hall, 2010). A la vez, ellos desconfiarán de todo lo que provenga de la política: desde sus propuestas hasta la aplicación de sanciones a los narcoterroristas.

Tienen motivos para valerse de ese criterio, puesto que los atentados y los asesinatos siguen propagándose y perjudicándolos. No hay una seguridad viable para ellos. Considerando ese contexto, en 1989 se llegó a registrar un alto número de personas fallecidas en Colombia por estas causas criminales, de las que el 90 % eran jóvenes varones entre los 15 y los 44 años. Con todo ello, empezaba a apreciarse un descenso de personas que pudieron haber sido útiles para que luchen contra el imperio del narcotráfico. Al faltar personal que contribuyera a la conservación de la seguridad ciudadana en diversas regiones del país, la eficacia de la Policía mermó (Sixirei, 2011).

De esa forma, se observa cómo la historia va revelando distintas situaciones y corolarios que no corresponden con eventualidades de otras épocas. Por ejemplo, en el contexto que se alude, lo macrocriminal tiene una mayor fuerza y repercusión sobre la vida social y política, tanto así que resulta incontrolable e imposible erradicar esa modalidad criminal. Todo esto se ocasionará debido a que en la vida cotidiana se va constatando una alteración en torno a los hechos, así como uno puede cerciorarse de las apreciaciones que se hacen de los mismos.

Es más, nociones elementales como la ética o el humanismo tendrán un valor inusitado con el decurso del tiempo (Auerbach, 1996). Paul Ricoeur (1995) le otorgaría una explicación historicista a estos cambios de percepciones. Para él, todo ello sería producto de que la naturaleza de la historia no es estática, así como la identidad y el desempeño de las personas que se desarrollan en un periodo específico.

Por otro lado, el año de 1989 no solo se caracterizó por los homicidios que cometieron los criminales, sino por la forma como los concretaron. Verbigracia, ellos planificaban con pormenores la ejecución de estallidos de aviones y edificios.

Estos actos eran muy llamativos y pronto empezarían a tener mejores resultados para su beneficio. Con el transcurrir del tiempo, estas prácticas se extenderían en toda la nación, tal como lo confiesa César Gaviria (Rousso, et al., 2014). Encima, cada vez más estas arremetidas se tornarían más peligrosas y comprometedoras, ya que los asesinatos ya no estarían dirigidos para gente común, sino que involucrarían a representantes políticos, como ocurrió el 14 de julio de 1989 con el exgobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur.

Por ese mismo destino trágico, atravesarían candidatos presidenciales, como aconteció el 22 de marzo de 1990 con Bernardo Jaramillo Ossa, representante político de izquierda, de la agrupación Unión Patriótica. Por ejemplo, este último sería aniquilado porque criticó a las guerrillas. A la vez, postulaba un modelo auténtico de desarrollo económico y social, supeditado a la reconstrucción nacional.

Considerando ese propósito, en una manifestación sostuvo que su partido político iba a luchar por generar un ambiente propicio para el diálogo. De esa manera, se lograría acarrear el contacto con los responsables de la insurgencia armada, al igual que se conseguiría eliminar cualquier tipo de ataque contra la ciudadanía. Además, este candidato busca que no existan inequidades políticas, como se evidencia cuando juzga la impunidad en el ámbito político, puesto que asume que esta es una de las causas por las que los narcoterroristas aprovechan para delinquir. Esa diatriba la expresa en la siguiente manifestación:

No se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz, mientras no se combata efectivamente a los grupos paramilitares, de que no se puede hablar de paz, ni ser consecuente con la paz, cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil (Morris, 2012b).

Con esas palabras, es claro que el candidato tiene la idea de que la paz solo provendrá del distanciamiento de cualquier embate que transgreda a la sociedad colombiana, así como la omisión que se realice en cuanto sanciones y castigos a los mismos representantes gubernamentales. Con ello, se constata una volición de querer eclosionar una nueva democracia, encauzada en un Gobierno pluralista con el que todos sean capaces de verificar que no se incumpla lo que rige y administra a la sociedad.

En muchas oportunidades, mayor es la credibilidad que tienen los ciudadanos que son ajenos a ocupar cargos públicos hacia esos armisticios legales, que quienes asumen responsabilidades en el Estado. Eso se corrobora con el testimonio de Myriam Rodríguez (Morris, 2012b), viuda del exguerrillero del M-19, Carlos Pizarro, quien en una ocasión confesó que su esposo consideraba prominente a Bernardo Jaramillo, a quien intentaba emular, ya que él creía en la libertad.

En ese sentido, existieron personas que por más daños que generaron a la sociedad pretendieron adscribirse a una práctica idónea de buena moralidad, mientras que algunos funcionarios sí irrumpieron el orden y la democracia por hacer prácticas de corrupción, entre otros ejercicios delictivos. Ese panorama incierto y polémico siempre fue revelado con perseverancia por los mismos colombianos a través de la proclamación de sus necesidades y sus derechos.

En una ocasión, Bernardo Jaramillo Ossa aprovecha esos requerimientos del pueblo para proponer y destacar una solución en uno de sus mítines:

Son los sectores oligárquicos de los partidos tradicionales liberal y conservador, quienes tienen que responder al país por la crisis que vivimos, y son esos sectores, precisamente, los que no puede el pueblo colombiano, que padece esa crisis económica, social y política, que padece una violencia secular, que padece una negación de sus libertades y derechos elementales, respaldar en las urnas en las próximas elecciones, porque eso significaría ponernos la soga al cuello y seguir respaldando a quienes han liquidado la República, a quienes han acabado con la nacionalidad, a quienes han aniquilado a la patria (Morris, 2012b).

Del fragmento citado, se observa ese interés de prometer una nueva manera de administrar la política y los problemas sociales por parte del candidato de Unión Patriótica. La forma en que la promueve resulta conmovedora para el pueblo, debido a que se aprecia un intento por querer equilibrar varios sectores del país.

A manera de conclusión
En general, todos estos acontecimientos erigieron el periodo de mandato de Virgilio Barco, que concluyó el 7 de agosto de 1990. A la vez, es necesario destacar que la adquisición de toda esta información selectiva fue posible por el hallazgo y la articulación de las retrospecciones internas, las cuales registraron los asesinatos de Villamizar y Cano, la deportación de Lehder a Norteamérica, el homicidio de Luis Carlos Galán, el reforzamiento de la ley de extradición, la explosión del Recinto Histórico de Cartagena de Indias, el intento frustrado de matar a César Gaviria, la detonación en el edificio del DAS, la constitución de los Notables y la fundación del Cuerpo Élite para combatir al líder del Cartel de Medellín.

Asimismo, las retrospecciones externas fueron de utilidad porque sirvieron como soporte para auxiliar a la documentación de la etapa que se abordó entre 1986 y 1990. Relatar la historia concerniente a esos años conllevó formar un significado con respecto a las perspectivas que se asumieron en torno a los hechos. Según Gérard Genette (1998), esa es la pretensión de su restauración, ya que a través de esta se pudo corroborar la inexistencia de un Estado nación y las polémicas para introducirlo en ese contexto macrocriminal.

Su ausencia es una demostración de que rigieron elementos incompatibles en ese periodo de Gobierno, tales como la inconsistencia o la nulidad de bienes comunes (Rodríguez, 1981/1979), que hubieran sido de ayuda para todo Colombia. Ese requerimiento colectivo de resguardar la seguridad nacional y reorientar las determinaciones políticas para acarrear los ataques subversivos fue imposible, puesto que las víctimas inocentes no podían contribuir ni coaccionar las decisiones de los funcionarios públicos.

Referencias

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NOTAS:

[1] Por el narcoterrorismo, se asesinaron a 217 ciudadanos y 1076 resultaron heridos en Bogotá (Morris, 2012a).

[2] Debe recordarse que un integrante del grupo terrorista ETA enseñó a Pablo Escobar el método para hacer estallar carros bomba.

[3] Luis Carlos Galán Sarmiento salía como ganador en las encuestas (Granier y Sierralta, 2007). Luego, estaban Ernesto Samper Pizarro, Hernando Durán Dussán y Alberto Santofimio Botero. Este último aseveró a Pablo Escobar que él iba a alcanzar la victoria.

[4] Darío Uzma fue quien colocó la bomba en el avión por medio de un supuesto dispositivo de audio (Wye Berry, 2002). Este explotó a los tres minutos de despegar.

[5] Ante ese atentado, los Estados Unidos declaran a Pablo Escobar como amenaza para la seguridad pública. Para ello, los asesores legales de George Bush consideraron una norma previamente. Esta consistía en que una persona sería asesinada si ponía en peligro la vida de sus ciudadanos. De allí, se interesan por intervenir en el territorio colombiano. Desean capturar a los líderes del narcotráfico (Dotterweich, 2016). Y recurrirán a la CIA y la Fuerza Delta para conseguirlo.

[6] De forma controversial, Popeye confiesa que el narcoterrorista Carlos Castaño apoyó las intervenciones del DAS para ejecutar a Bernardo Jaramillo Ossa y Luis Carlos Galán Sarmiento. Además, revela que él disparó a Ernesto Samper Pizarro y atacó al comandante del M-19, Pizarro León Gómez (Morris, 2012e).

[7] El miembro y líder del M-19, Carlos Pizarro León-Gómez, firma un acuerdo de paz. Realizar ese armisticio ocasionó que él sienta interés por postular a la Presidencia, pues había aprendido a interactuar con todos los sectores sociales de Colombia, ya sea oligarca o rural. Esa predilección acarreó que lo asesinen el 26 de abril de 1990 (Morris, 2012b).